La futura presidenta de Chile, Michelle Bachelet, busca el establecimiento de una nueva Constitución durante su mandato (2014-2018) que sea más democrática y garantice todos los derechos de los chilenos, en sustitución de la actual, que fue establecida en 1980 por el régimen militar de Augusto Pinochet.
Aunque la vigente Carta Magna ha sido reformada en varias ocasiones, Bachelet, una política de centroizquierda quien ya gobernó Chile de 2006 a 2010, ha insistido en que el país ha cambiado tanto que requiere un texto que verdaderamente represente a las nuevas generaciones y ofrezca respuestas a las necesidades de la ciudadanía.
Bachelet no ha mencionado cómo se podría contar con una nueva Constitución, si mediante una Asamblea Constituyente -como lo han hecho Venezuela y Ecuador en años recientes-, o través del propio parlamento, donde tendrá mayoría durante sus cuatro años de gestión, pero no la suficiente para cambios profundos, u otra vía.
"No tengo prejuicios con ningún mecanismo, pero vamos a analizar aquellos concretos, los que nos permitan asegurar que las personas puedan entregar su opinión", ha dicho Bachelet, quien ha precisado que el mecanismo debe ser "participativo e institucional" para asegurar la "legitimidad" de la nueva Constitución.
También ha anunciado que en el segundo semestre del 2014 enviará al Congreso el proyecto de ley proponiendo una nueva Carta Magna.
No se descarta que llegue a convocar a un plebiscito para que la población opine sobre este asunto.
Bachelet ha insistido en que no es un tema abstracto, que "es fundamental para poder progresar y derrotar los cerrojos legales que no fuimos capaces de eliminar" en la vieja Constitución.
"La discusión no puede ser de elite, cuando tomemos la decisión del mecanismo, vamos a asegurar que la iniciativa sea discutida por la población", dijo la ex presidenta.
El poder constituyente lo detenta el Congreso Nacional, pero su capacidad para expresar la pluralidad política de la nación está severamente cuestionada por la ciudadanía, así como su aptitud para reformarse a sí mismo, como lo han demostrado las masivas protestas de ciudadanos y estudiantes desde el 2011.
La variante de una Asamblea Constituyente, elegida democráticamente, es para muchos parlamentarios de la Nueva Mayoría, la coalición de centroizquierda que postuló a Bachelet, la vía idónea para generar un nuevo orden político legítimo, estable y duradero en Chile.
No obstante, para Andrés Zaldívar, senador y ex ministro del primer gobierno de Bachelet, no hay dudas de que la Constitución debe ser reformada, pero destacó que "no hay posibilidad de una Asamblea Constituyente".
Por eso, ha reiterado que su proyecto busca crear una comisión integrada por diez senadores y diez diputados para estudiar la reforma de una nueva Constitución, considerando que es la mejor vía para cambiar la carta magna.
"Cualquier forma que se busque debe ser en el marco de la institucionalidad, por mucho que sea criticada. Lo peor de todo es que se quiebre la institucionalidad, porque un día se puede quebrar para una cosa,y al otro día para otra cosa. Yo no soy partidario ni de los golpes blancos ni de los golpes negros", expuso Zaldívar.
Esa idea la comparte el ex presidente Ricardo Lagos, quien propone que esa comisión bicameral "se abra a la ciudadanía y forme una gran comisión asesora con los sindicatos, profesionales, empresarios, con las fuerzas vivas de un país, representantes de regiones, los alcaldes, los gobernadores" para reformar la Constitución.
Durante el gobierno de Lagos (2000-2006) se hicieron importantes cambios en la Carta Magna, como recortar el mandato del presidente de la República de seis a cuatro años, eliminar a los senadores vitalicios y designados, aumentar las facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados y fijar en 38 el número de senadores.
Las modificaciones más importantes tuvieron que ver con las fuerzas armadas, al terminarse la inamovilidad de los comandantes en jefe, que ahora pueden ser removidos por el presidente de Chile, y se cambió el rol de Consejo de Seguridad Nacional, que ahora es sólo asesor, y no puede ser convocado por los jefes militares.
El ex presidente Eduardo Frei (1994-2000) es un convencido de que hay que tener una nueva Constitución porque la actual fue elaborada en 1980 por siete juristas designados por Augusto Pinochet, y "mantiene su espíritu autoritario".
Pero el senador Jovino Novoa, histórico líder de la derecha, considera "que el país no atraviesa por una crisis que amerite reemplazar la actual Constitución" e insiste en que existen mecanismos institucionales que "les han dado la posibilidad a todos para expresarse y, de hecho, ha tenido más de 100 modificaciones".
Los dos partidos de la derecha, Unión Demócrata Independiente y Renovación, se oponen a que haya cambios de fondo.
Otro ferviente defensor de la idea de convocar una Asamblea Constituyente es el líder radical, el senador José Antonio Gómez, quien advierte problemas de legitimidad al reformar la Carta Magna desde el Congreso, y quien ha proclamado que "con este Parlamento es muy difícil llegar a una Constitución representativa".
De manera contraria a la convocatoria de esa Asamblea se manifestó hoy lunes Clara Szczaranski, ex presidenta del Consejo de Estado, indicando que para ello habría que debatir un temario sobre temas constitucionalmente trascendentes, como el rol del Estado o el orden público económico, y "ahora eso no es posible".
Argumentó que en Chile "no se ha producido un vuelco cultural reconocible, capaz de abandonar la lógica del mercado" ni las autoridades electas "han pensado en un nuevo orden público económico y no sueñan con emigrar del libre mercado, ni de la contratación Estado-empresa, ni de la libre competencia".
En las elecciones generales del 17 de noviembre pasado, un movimiento a favor de una Asamblea Constituyente promovió que los chilenos escribieran en el voto las iniciales "AC" para mostrar su adhesión a esta iniciativa, pero sólo un 6 por ciento de los 6 millones de electores apoyó su convocatoria.
Todo lo anterior demuestra que el debate sobre la nueva Constitución ha comenzado con inusitada fuerza y augura que se profundizará cuando la próxima presidenta Michelle Bachelet envíe al Congreso su proyecto definitivo.
Bachelet tomará posesión el próximo 11 de marzo de 2014, en relevo de Sebastián Piñera (derecha), y ya el tema está sobre la mesa.
Los chilenos tendrán que definir si siguen con la actual constitución, cuyo origen está en el régimen militar autoritario que estuvo en el poder 17 años, u optan por una nueva que exprese los cambios que se han sucedido en la sociedad del país sudamericano.
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