Bolivia dejó de depender de los consorcios de abogados internacionales en los arbitrajes con empresas transnacionales producto de las nacionalizaciones ejecutadas en la gestión del presidente Evo Morales, con la vigencia de la Procuraduría General del Estado (PGE).
La máxima autoridad de esta instancia de defensa de los intereses del Estado, Hugo Raúl Montero Lara, en entrevista con Xinhua, informó que, a tres años de creación de la Procuraduría, la independencia de consorcios extranjeros le ha permitido a Bolivia ahorrar millones de dólares por cada caso que el Estado debía encarar en largos procesos.
"Por la naturaleza de inversiones que se tienen particularmente contratamos consorcios, firmas de abogados especialistas que hacen una labor de copatrocinio con la Procuraduría.
"Ahora no es una labor enteramente de los consorcios, sino que los abogados de la Procuraduría conjuntamente con los abogados de los consorcios copatrocinamos la defensa de los procesos", declaró.
Antes de la existencia de la Procuraduría, los casos de arbitrajes se dejaban en manos de corporaciones de abogados, toda la defensa y estrategias legales de los intereses del Estado.
Según Montero, en la actualidad las estrategias legales para cada uno de los casos son diseñados por la Procuraduría.
"En consecuencia, la que toma las decisiones sobre determinado caso para encarar un proceso para la defensa del Estado es la Procuraduría", enfatizó.
Especificó que en la medida en que el trabajo de la Procuraduría avanza se requiere en contadas ocasiones y por horas el concurso del consorcio.
ARBITRAJES MILLONARIOS
El Estado boliviano enfrenta ocho arbitrajes internacionales y de inversiones a causa de la veintena de nacionalizaciones de empresas privadas que realizó desde 2006, lo que motivó que las compañías transnacionales demandaran compensaciones que, en conjunto, bordean los 2.000 millones de dólares.
El procurador general del Estado detalló todos los procesos que encara su despacho, de los cuales cinco hicieron conocer sus pretensiones económicas y tres no oficializaron sus demandas, sino que lo hicieron a través de los medios de prensa, lo que no cuenta para esta entidad.
Uno de los procesos fue iniciado por la compañía británica-estadounidense Rurelec PLC, que remitió el 13 de mayo de 2010 una carta de notificación formal de controversia al Estado boliviano por la nacionalización de sus acciones en la Empresa Guaracachi SA (EGSA), realizada el 1 de mayo de esa gestión.
El 2 de marzo de 2012, la firma indicó que la "indemnización completa" que busca por la estatización de sus acciones en Guaracachi alcanza un monto de 142,3 millones de dólares, "más los intereses generados hasta el pago total de la compensación económica".
El 17 de agosto de 2013, la PGE consideró en la Corte Internacional de Arbitraje de París como "exorbitante y excesiva" la demanda de indemnización por parte de la británica.
En este proceso se está debatiendo por el Tratado de Inversiones Recíprocas suscritas con Inglaterra y Estados Unidos.
El 18 de febrero de 2013, el Gobierno nacionalizó las acciones de la española Abertis y AENA en su filial en Bolivia SABSA, debido a que incumplió un plan de inversiones para mejorar las instalaciones aeroportuarias en el eje troncal.
Abertis reclama 90 millones de dólares a Bolivia por la expropiación de SABSA, filial de Abertis (90 por ciento) y AENA (10 por ciento).
El proceso se encara por los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) Bolivia-España.
Pan American Energy (PAE) presentó el 12 de marzo de 2010 una demanda contra el Estado boliviano en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), entidad dependiente del Banco Mundial, por la nacionalización de la petrolera Chaco, en la cual tenía el 50 por ciento de las acciones.
La Procuraduría se reunió con ejecutivos de PAE para resolver la controversia por el diálogo, pero la compañía reactivó el arbitraje el 2 de agosto de 2012.
La petrolera PAE convalidó el 24 de septiembre de este año un arbitraje contra el país, y reclama 1.493 millones de dólares de indemnización por la estatización de acciones de Chaco, monto que incluye daños y perjuicios.
Otra demanda la interpuso la empresa chilena Quiborax Non Metallic Minerales el 4 de octubre de 2005 ante el CIADI, por la anulación de su licencia para explotar ulexita en el salar de Uyuni.
El 6 de julio de 2010, la compañía reanudó el arbitraje y demandó 146 millones de dólares por daños.
Este caso se trata en una controversia que está bajo el TBI Bolivia-Chile, tema que ha finalizado su etapa procesal y se está a la espera del fallo que debe emitir el tribunal arbitral.
El 30 de abril de 2013, la canadiense South American Silver inició un arbitraje contra Bolivia por la nacionalización "sin compensación" de su concesión minera en el cerro Mallku Khota.
Aunque hubo una versión, a través de la prensa, de reclamar 25 millones de dólares.
Una sexta demanda de la empresa inglesa BP Global Investments, que está considerándose bajo el amparo del TBI Bolivia-Inglaterra, en la que demanda 5,5 millones de dólares y se está trabajando en un acuerdo de partes.
La española Red Eléctrica Internacional aún no puso el monto en la demanda, aunque inicialmente hizo conocer por medios de prensa la intención de cobrar 164 millones de dólares.
Un octavo arbitraje es por la nacionalización, el 29 de diciembre de 2012, de la española Iberdrola. Se espera que Bolivia pague el valor real de las cuatro compañías filiales.
Hasta la fecha no se ha oficializado el monto de compensación, pero se difundió información de que la empresa pretende 125 millones de dólares.
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