República Dominicana rechazó el miércoles el reclamo de San Vicente y las Granadinas para que este país sea sancionado debido a la aplicación de un fallo sobre el derecho a la nacionalidad en el país, y que naciones vecinas consideran perjudicial para la comunidad dominicana de ascendencia haitiana.
El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, recomendó esta semana bloquear el ingreso de los dominicanos a la Comunidad del Caribe (Caricom), un organismo al que pertenecen quince países de la región y que componen 40 millones de personas.
Gonsalves también sugirió suspender al país del Cariforo, un sub-organismo del grupo Asia, Caribe Pacífico (ACP) a través del cual se canaliza la ayuda de la Unión Europea (UE), y planteó que Venezuela debía hacer lo mismo con Petrocaribe, una iniciativa que permite a los dominicanos el acceso a petróleo venezolano en condiciones preferenciales.
En un comunicado, la Cancillería dominicana calificó la propuesta del funcionario vicentino como "improcedente y carente de toda base legal", y puso énfasis en la soberanía de los Estados para adoptar sus propias decisiones.
Además, la cartera destacó las "estrechas y cordiales" relaciones de cooperación con sus socios caribeños, y recordó que en el caso del Cariforo, "todas las decisiones se toman por consenso de sus miembros".
El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó "la decisión y plena disposición de diálogo y apertura del gobierno dominicano con la comunidad internacional, la cual ha sido reiterada por el presidente Danilo Medina, tras señalar que el respeto a la soberanía de las demás naciones es un punto clave para fomentar el entendimiento entre el grupo".
El comunicado agrega que en la más reciente reunión de los ministros del Cariforo realizada en Granada, la Cancillería dominicana expuso el firme respeto de este país a los preceptos de la Carta Democrática Interamericana, en especial en lo referente a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, como componentes esenciales de la democracia.
El gobierno dominicano envió hoy una misión a Venezuela para explicar a las autoridades de ese país su posición en torno a la sentencia, un día después de conocerse las declaraciones del primer ministro de San Vicente y las Granadinas.
La misión está integrada por el ministro de Interior, José Fadul, el ministro de la Presidencia, Gustavo Moltalvo, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, y por el enlace entre el gobierno dominicano y Caracas, Miguel Mejía.
La delegación es parte de una ofensiva diplomática dominicana lanzada a fines de octubre para defender la aplicación del fallo y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas afectadas por el dictamen.
El Tribunal Constitucional dominicano falló en septiembre pasado que una mujer de ascendencia haitiana, Juliana Deguis Pierre, no tiene derecho a la nacionalidad dominicana porque nació de padres cuya condición de "extranjeros en tránsito" (sin residencia legal) la excluye de optar por ese derecho.
El fallo también dispuso determinar la validez o nulidad de las actas de nacimiento de los dominicanos de ascendencia haitiana, y ordenó realizar una auditoría de los registros de nacimiento desde 1929 a la fecha para identificar a todos los extranjeros inscritos en el registro civil.
A los pocos días de conocida la sentencia, Haití llamó a consulta a su embajador en Santo Domingo, Fritz N. Cinéas, y convocó al embajador dominicano en Puerto Príncipe, Rubén Silié Valdez, a quien le expresó su "desacuerdo y preocupación" por el dictamen.
San Vicente ya había logrado a finales de octubre que el tema fuera conocido por el consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que dispuso el envío de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Santo Domingo para conocer la situación.
Haití consiguió de manera individual el apoyo de varios países caribeños, además del Caricom, y de varios organismos y organizaciones internacionales, en una ofensiva diplomática para lograr respaldo a su demanda.
La presencia masiva de inmigrantes haitianos en territorio dominicano es causa frecuente de fricciones entre ambos países.
Medios locales informaron hoy que la tensión ha vuelto a la frontera norte de Haití y República Dominicana, cuyas autoridades han prohibido desde el martes la entrada de trabajadores haitianos indocumentados.
En respuesta, las autoridades haitianas impidieron el ingreso a su país de un grupo de comerciantes dominicanos y bloquearon el puesto fronterizo de Ounaminthe, 317 kilómetros al noreste de Puerto Príncipe, y a escasos metros de Dajabón, 304 kilómetros al noroeste de Santo Domingo.
El miércoles de la semana pasada, Haití y República Dominicana reabrieron el importante paso, que transportistas dominicanos mantuvieron bloqueado durante cinco días por los supuestos "atropellos" a los que son sometidos en territorio haitiano.
La tirantez entre algunos sectores de ambos países se remonta a la invasión haitiana entre 1822 y 1844, y a la matanza de ciudadanos haitianos (hasta 35.000 según algunos historiadores) que se produjo en 1937, durante la dictadura del dominicano Rafael L. Trujillo.
El gobierno dominicano promulgó en el 2011 el reglamento de la Ley de Migración, que otorga a las autoridades la prerrogativa de expulsar a los que llegaron a República Dominicana de manera irregular después de la puesta en vigencia de la nueva Constitución que fue promulgada en enero de 2010.
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