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Avanza investigación sobre presuntas esterilizaciones forzadas en Perú

Actualizado a las 22/10/2013 - 09:16
Las autoridades judiciales de Perú han logrado avances en las investigaciones sobre la presunta esterilización forzada que se practicó a mujeres durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), anunció hoy el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.
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Las autoridades judiciales de Perú han logrado avances en las investigaciones sobre la presunta esterilización forzada que se practicó a mujeres durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori (1990-2000), anunció hoy el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales.

El jefe del Ministerio Público detalló que, como parte de este proceso, ha viajado a diferentes zonas del país donde habrían ocurrido estos hechos, calificados de crímenes de lesa humanidad contra mujeres indígenas pobres, especialmente en las zonas andinas.

Un informe emitido por el Ministerio de Salud en julio de 2002, después de la caída del régimen fujimorista, dio cuenta de que entre los años 1995 y 2000, 331.600 mujeres indígenas de los Andes y de barrios pobres de diversas ciudades fueron esterilizadas.

Según Peláez, durante su visita a las supuestas víctimas de esta política de esterilizaciones forzadas, el representante judicial tomó las declaraciones de muchas de las personas sometidas a estas operaciones mediante engaños.

El fiscal de la Nación anunció que la etapa de investigaciones se encuentra muy avanzada y a punto de concluir, por lo que se tiene previsto el inicio de la próxima etapa procesal, que involucra al ex mandatario y a altos funcionarios de su gobierno.

Entre los colaboradores de Fujimori involucrados se encuentran los ex ministros de Salud, Eduardo Yong Motta (1994-1996), Marino Costa Bauer (1996-1999) y Alejandro Aguinaga (1999-2000).

El objetivo de esta presunta política del régimen fujimorista era disminuir el número de nacimientos en los sectores pobres de la sociedad peruana, especialmente en las zonas andinas de poblaciones indígenas de la etnia quechua.

Actualmente, el ex mandatario cumple una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos (1991), donde murieron 15 personas, y la matanza de la Cantuta (1992), donde fueron aniquilados nueve estudiantes y un catedrático de la universidad local a manos del grupo paramilitar Colina, creado por el gobierno.

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