República Dominicana pidió el martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no convoque más audiencias temáticas para tratar el tema de la nacionalidad dominicana, promovidas mayormente por organizaciones que defienden los derechos de las personas de ascendencia haitiana nacidas en territorio dominicano.
En una audiencia realizada en la sede de la CIDH en Washington, Estados Unidos, el representante permanente de República Dominicana ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Roberto Saladín, defendió la "autonomía, calidad y capacidad del país para determinar, de acuerdo a sus leyes, quiénes adquieren la nacionalidad dominicana y quiénes son considerados extranjeros".
Saladín aseguró en la audiencia que el Estado dominicano le ha proporcionado al organismo respuestas con suficiente fundamento jurídico y con base en el respeto a los derechos humanos y al principio de soberanía de los Estados, según un comunicado de la Cancillería dominicana.
"Tanto la Constitución como la Corte Constitucional establecieron claramente que todo extranjero que se encuentre en territorio dominicano y que no goce del estatuto migratorio de residente legal es una persona en situación de tránsito, por lo que no le corresponde la nacionalidad dominicana", dijo Saladín.
El embajador agregó que en el caso de madres que ingresan al país de forma irregular y que en ese proceso dan a luz en territorio dominicano, esa criatura no adquiere "nuestra nacionalidad pues nace fuera de las categorías previstas en la Carta Magna para tales efectos".
El diplomático se refirió de esa manera a las miles de mujeres procedentes de Haití que cada año cruzan la frontera para alumbrar en República Dominicana, país en el que viven entre 600.000 y un millón de haitianos indocumentados.
En octubre del 2011, el entonces presidente dominicano, Leonel Fernández, promulgó el reglamento de la Ley de Migración, que establece que a todo extranjero con permanencia en el país debidamente comprobada durante diez años o más, se le reconocerá el derecho a optar por la residencia permanente y será dotado de un documento de identidad válido por cuatro años.
La norma también otorga a las autoridades la prerrogativa de expulsar a los que llegaron a República Dominicana de manera irregular después de la puesta en vigencia de la nueva Constitución que fue promulgada en enero del 2010.
La audiencia en Washington coincidió con una manifestación que realizan por segundo día decenas de dominicanos de ascendencia haitiana frente al tribunal electoral dominicano, donde reclaman la entrega de documentos de identidad que certifiquen su ciudadanía, y que según los manifestantes les son negados por las autoridades.
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