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Comienza juicio penal a sospechosos argentinos de "Plan Cóndor" (2)

Actualizado a las 06/03/2013 - 11:25
Los jueces federales Adrian Adrián Grunberg, Oscar Amirante y Pablo Laufer, integrantes del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 comenzaron hoy un juicio público y oral a los militares argentinos Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone por su papel en el "Plan Cóndor" para reprimir a opositores.
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Por fallecimiento, no serán juzgados tampoco los acusados Eduardo Albano Harguindeguy, Antonio Domingo Bussi, Cristino Nicolaides, Antonio Guillermo Minicucci, Luciano Jáuregui, Francisco Molina, Juan Saa, Juan Bautista Sasiaiñ, José Villarreal, Rodolfo Luis Wehner y Alejandro Arias Duval.

Otras figuras implicadas en hechos represivos son Julián Capanegra, Ramón Díaz Olivera,Edgar Gomar y Rubén Alberto Graziano, quienes fallecieron antes de llegar a juicio.

Por el Plan Cóndor, un acuerdo alcanzado entre las dictaduras sudamericanas para perseguir a opositores políticos fuera de sus países e impulsado por el dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte con sus colegas en Argentina, Uruguay, Paraguay,Brasil y Bolivia, entre otros países, hubo no menos de 106 víctimas, según recuentos diversos.

En distintas pesquisas se pudo establecer que el mayor número de ellas eran de nacionalidad uruguaya que, por su nacionalidad, eran prisioneros en el centro clandestino de detención conocido bajo el nombre clave de "Automotores Orletti".

Un relevante aporte a las investigaciones desarrolladas fue el hallazgo, en Paraguay, el 22 de diciembre de 1992, de lo que se conoce como los "Archivos del terror", que fueran encontrados por el docente paraguayo Martín Almada en un cuartel policial en la localidad de Lambaré, en aquel país.

Los "Archivos del terror", son un total de "tres toneladas de precisos, puntillosos y detallados documentos que prueban la trama del terrorismo de Estado que se abatió sobre la región", dijo Almada telefónicamente desde Asunción, capital de Paraguay, a esta agencia.

Almada, "por el Cóndor", estuvo prisionero entre los años 1974 y 1977, luego que la Policía Federal Argentina (PFA), calificara su tesis doctoral al término de sus estudios en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), como "subversiva".

Durante aquel lapso, Martín Almada fue sometido por sus carceleros a todo tipo de tormentos, algunos de los cuales le hicieron escuchar telefónicamente a su esposa, Cecilia Pérez, quien al escuchar los gritos desgarradores de su esposo, en una oportunidad, no lo pudo soportar y murió de un infarto.

Ante aquel deceso, el dictador paraguayo Alfredo Stroessner, se supo que "personalmente ordenó", que el propio Almada, con "una pala, enterrara el cadáver de su mujer en el patio de su casa", recordó el docente, de 76 años y presidente de la Fundación que lleva el nombre de la fallecida como un homenaje permanente.
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