El gobierno de Ecuador aclaró hoy que en ningún momento ha buscado "mediación con instancias regionales de integración" en los casos que promueve la petrolera estadounidense Chevron contra el Estado ecuatoriano.
La petrolera estadounidense busca resarcirse tras un polémico juicio ambiental en que fue condenada a pagar una millonaria indemnización en tribunales ecuatorianos.
En un comunicado, la cancillería dijo que "los pronunciamientos de apoyo de gobiernos amigos están dirigidos a advertir a esta transnacional de su comportamiento lesivo a los intereses del pueblo ecuatoriano, por sus campañas de desprestigio y artificios legales para desconocer sus responsabilidades jurídicas".
La semana pasada, los cancilleres de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) aprobaron en Caracas una declaración especial, en la que rechazaron la"agresión" de la petrolera estadounidense Chevron contra Ecuador.
El grupo regional está integrado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela.
En la declaración, los cancilleres expresaron su rechazo "a las maniobras que realiza Chevron con el propósito de afectar la imagen internacional y perjudicar los intereses económicos y comerciales del Ecuador mediante una campaña de desinformación, la cual declaramos inadmisible".
El pronunciamiento surgió ante una reciente decisión del Tribunal Arbitral de la Organización de las Naciones Unidas (Uncitral), que se declaró competente para atender los reclamos de la petrolera contra Ecuador, dentro de un juicio por daños ambientales causados en la Amazonia del país andino.
En 2011, la justicia ecuatoriana condenó a la petrolera a pagar 19.000 millones de dólares de indemnización a los demandantes, unos 30.000 colonos e indígenas afectados por la contaminación de sus territorios durante sus operaciones entre 1964 y 1990 a través de Texaco, posteriormente adquirida por Chevron.
El Tribunal Arbitral Internacional ordenó al gobierno de Ecuador impedir la ejecución de la sentencia, invocando un Tratado Recíproco de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos, que entró en vigor en 1997.
Ecuador ha dicho que no cumplirá la disposición porque el citado Tratado entró en vigencia años después de que Chevron saliera del país.
Además, alega que el Estado no debe intervenir en el caso porque se trata de un juicio entre privados.
En el comunicado de la Cancillería, el gobierno agregó que "ningún funcionario de esta empresa (Chevron), que impulsa una campaña irresponsable contra el pueblo ecuatoriano, ha tomado contacto con el presidente Rafael Correa o con el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño" para hablar sobre el tema.
"El Gobierno del Ecuador desea reiterar su repudio ante las acciones intimidatorias, amenazas, campañas de desinformación, presión política y mediática que realiza la empresa Chevron dirigidas a desacreditar al Estado ecuatoriano", precisó el comunicado.
Asimismo, advirtió a la compañía "tal como lo hicieran los ocho países miembros del ALBA para que cambie de actitud", caso contrario, el Estado ecuatoriano se reserva "el derecho para la adopción de las acciones necesarias para defender los intereses del gobierno y pueblo ecuatorianos", señaló el comunicado.
Los cancilleres de la ALBA juzgaron la actuación de Chevron como una "agresión" al hacer aparecer a Ecuador como infractor de las leyes.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa calificó la orden del tribunal arbitral de "abuso", y ha dicho que buscará el apoyo de los organismos regionales para rechazar este tipo de acciones de compañías transnacionales que consideran a los países pequeños como colonias.
"Es un puro y simple abuso, del más vulgar, del más burdo, por parte de estos centros de arbitraje que siempre están a favor de las trasnacionales y de parte de esta trasnacional que cree que con su dinero puede estar por encima de la ley", dijo recientemente Correa en referencia a Chevron.
Por su parte, los cancilleres de la ALBA acordaron convocar para abril próximo, en Ecuador, una reunión de los países del sur afectados por juicios impulsados por corporaciones transnacionales, para debatir mecanismos de defensa.
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![Un caza F-22A Raptor de las Fuerzas Aéreas de EE.UU vuela durante la Exhibición Aérea Internacional de Australia, en Melbourne, el 2 de marzo de 2013. [Foto/Xinhua]](/mediafile/201303/05/F201303051030161668922121.jpg)
