El procurador general de la República de Brasil, Roberto Gurgel, desmintió hoy que se haya decidio investigar la supuesta relación entre el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el empresario Marcos Valerio, condenado a 40 años de prisión por ser operador financiero en el caso "mensalao".
Gurgel respondió así a la información publicada este miércoles por el diario "Estado de Sao Paulo" sobre la supuesta determinación del Ministerio Público Federal adoptada en diciembre pasado para abrir una investigación contra el ex mandatario.
La Secretaría de Comunicación del MPF informó que el procurador general aún no ha iniciado el análisis de las declaraciones de Marcos Valerio sobre el caso conocido como "mensalao", un esquema de sobornos a legisladores para votar a favor de las iniciativas enviadas al Poder Legislativo por el gobierno de Lula da Silva (2003-2011).
Sólo después del análisis el órgano podrá informar lo que será hecho con el material, y tomar cualquier decisión con relación a una posible investigación.
Según el Estado, la decisión habría sido tomada a finales de diciembre, después de que concluyera el juicio del "mensalao" en el Supremo Tribunal Federal (STF), que resultó en la condena de 25 de los 37 acusados, entre ellos importantes dirigentes políticos y empresarios, incluido Valerio.
Durante los cuatro meses del juicio iniciado en agosto pasado, el STF concluyó que hubo un esquema articulado para la utilización de recursos públicos y privados en el pago a legisladores, a cambio de la aprobación en el Congreso de proyectos de interés del gobierno Lula.
En septiembre pasado, Valerio realizó una declaración sigilosa a la Justicia, al afirmar que pagó gastos personales de Da Silva por medio de depósitos en la cuenta de una empresa del asesor del ex mandatario, identificado como Freud Godoy.
Valerio, condenado a 40 años de prisión por la Suprema Corte, dijo también que el ex presidente dio su aval en un encuentro en el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia, a la contratación de préstamos con un banco privado, que servirían para financiar la compra de votos parlamentarios.