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Guatemala desconocerá fallos por genocidio de Corte Interamericana

Actualizado a las 04/01/2013 - 09:32
El gobierno de Guatemala desconocerá los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), sobre los casos de crímenes de lesa humanidad y genocidio ocurridos antes de 1987.
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El gobierno de Guatemala desconocerá los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente adscrito a la Organización de los Estados Americanos (OEA), sobre los casos de crímenes de lesa humanidad y genocidio ocurridos antes de 1987.

Según el Acuerdo Gubernativo 370-2012, publicado este miércoles en el Diario de Centro América (gaceta oficial de Guatemala), la competencia de dicha corte será sólo para casos posteriores a 1987, lo cual afecta varias denuncias en curso, que incluyen demandas por genocidio o lesa humanidad.

Guatemala reconoce a la CIDH desde 1987 y ha resarcido a 468 víctimas con cerca de 20 millones de dólares.

La fundación pro derechos humanos Myrna Mack, que lleva el nombre de una víctima mortal durante el conflicto armado y cuyo caso figura en una de las condenas de la CIDH, rechazó el acuerdo gubernamental y aseguró que el país debe seguir acatando las resoluciones del organismo multilateral.

Otras condenas de la CIDH fueron las condenas por las masacres del Plan de Sanchez donde el 18 de julio de 1982 soldados del Ejército asesinaron a más de 250 personas en su mayoría mujeres y niños; muchas de las mujeres fueron violadas; estas personas pertenecían a la étnia maya Achí.

También está la condena por el caso de las masacres de Río Negro, donde soldados asesinaron a 300 personas el 13 de marzo de 1982.

En noviembre último, la CIDH condenó al Estado de Guatemala por la desaparición forzada del líder sindical Edgar García en 1984 y también por el caso del Diario Militar, que describe secuestros, detenciones ilícitas y asesinatos, así como información de las víctimas.

El año pasado el gobierno del presidente y general retirado Otto Pérez Molina, desarticuló la oficina de acceso público a los "archivos de la paz", en la cual la población podía acceder a los archivos militares desclasificados.

Con la vigencia de este decreto, el Estado de Guatemala no reconocerá fallos de la CIDH, sobre los casos previos a 1987.

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