Los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que fueron destituidos hoy por el Congreso calificaron a la decisión de "ilegal, ilegítima e injusta".
En rueda de prensa, los magistrados destituidos José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel, leyeron un comunicado conjunto.
En una larga sesión, los diputados separaron a los magistrados en una decisión calificada por algunos sectores de "golpe técnico" al Poder Judicial, en vista de que los diputados -según los opositores- no tienen facultades para ello.
Los diputados argumentaron que las conductas de los magistrados "son manifiestamente contrarias al interés público del Estado de Honduras".
Los jueces calificaron de inconstitucional la aplicación de pruebas de confianza y el uso del polígrafo (detector de mentiras) a policías el 27 de noviembre pasado, como parte de una medida para depurar la institución.
En su comunicado, los magistrados indicaron que su separación " trastoca los principios constitucionales que nos amparan, y obedece evidentemente a razones políticas, no jurídicas".
Afirmaron que sus actuaciones son apegadas a la Constitución, los principios éticos, los convenios y tratados vigentes y la ley sobre Justicia Constitucional.
La separación de los magistrados se produjo luego de una investigación administrativa de sus funciones, según una moción que fue aprobada la noche del pasado lunes y resuelta un día después por los mismos diputados.
Al respecto, los jueces indicaron que "los magistrados de las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia no tenemos funciones administrativas, porque así lo dispuso el mismo Congreso Nacional de la República desde enero del año 2011".
"El único encargado de las funciones administrativas (de la Corte Suprema) es el señor presidente de la Corte, abogado Jorge Alberto Rivera Avilez", agregaron los magistrados destituidos.
El documento señala que en la acción del Congreso se violentó "nuestro derecho constitucional al debido proceso, al derecho de defensa, al derecho a ser oído y otros derechos fundamentales reconocidos en el ámbito nacional e internacional, y que haremos valer por las vías legales".
Los jueces destituidos concluyeron que la acción realizada por un sector del Congreso violenta en principio la separación de poderes.
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