El gobierno de Brasil publicó hoy lunes en el Diario Oficial la exoneración de varios funcionarios acusados de corrupción con base en la Operación Porto Seguro de la Policía Federal, lanzada el viernes último.
Entre los funcionarios exonerados están la jefa de gabinete de la oficina de representación de la Presidencia de la República en Sao Paulo, Rosemary Nóvoa de Noronha, estableciendo un plazo de 30 días para concluir las investigaciones en su contra.
También fueron exonerados el adjunto de la Abogacía General de la Unión, José Weber de Holanda; el director de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), Rubens Carlos Vieira; el director de la Agencia Nacional de Aguas(ANA), Paulo Rodrigues Vieira; y asesores de varios ministerios.
La operación Porto Seguro reveló la existencia de una organización dedicada a elaborar informes técnicos fraudulentos para favorecer a empresas privadas en contratos públicos.
Tras conocer los detalles de la operación, la presidenta Dilma Rousseff divulgó un comunicado oficial el sábado último sobre la determinación de la exoneración de los funcionarios involucrados.
"Por determinación de la Presidencia, todos los funcionarios formalmente acusados en la Operación Porto Seguro serán separados de sus cargos o exonerados de todas sus funciones", según el comunicado divulgado por el Palacio de Planalto.
La presidenta también determinó que todos los organismos citados en el proceso inicien investigaciones administrativas propias.
Rosemary Novoa de Noronha, quien actuaba como representante de la Presidencia en la capital paulista, había sido designada en 2003 por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El viernes, la Policía Federal realizó un allanamiento en la sede del Gabinete de la Presidencia en Sao Paulo en busca de documentos y pruebas documentales de los ilícitos.
La red de corrupción habría sido encabezada por los hermanos Paulo y Rubens Vieira, directores de la ANAC y la ANA, quienes fueron arrestados el viernes.
El fraude comenzó a ser investigado en marzo a partir de la denuncia de un funcionario del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), quien confesó haber recibido una oferta de 300.000 reales (unos 145.000 dólares) por elaborar un informe técnico en beneficio de un grupo empresarial.
Luego de recibir un primer pago, el funcionario volvió atrás y decidió denunciar el esquema delictivo.
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