El presidente boliviano Evo Morales anunció hoy la remisión del proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en favor del Estado en la Asamblea Legislativa, que confisca propiedades de narcotraficantes y contrabandistas, al Tribunal Constitucional para que manifieste si éste es constitucional o no.
Con este anuncio se suspende el tratamiento del anteproyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en favor del Estado en la Asamblea Legislativa, que se encuentra en consideración en la Cámara de Diputados.
Morales explicó en conferencia de prensa en Palacio Quemado, sede de operaciones del gobierno boliviano, que junto a su gabinete de ministros analizaron las observaciones de sectores sociales y expertos.
"Hemos escuchado que algunos dirigentes y algunos sectores observan que esta norma sería anticonstitucional (...) respetuosos a la Constitución Política del Estado, el gobierno nacional ha decidido elevar el anteproyecto de ley de Extinción de Dominio al Tribunal Constitucional para la consulta correspondiente", señaló el mandatario.
Los sectores de la Confederación de Choferes de Bolivia y la Federación de Gremiales rechazan la medida legal, como parte de la figura de control preventivo de constitucionalidad, pues temen ser perjudicados con la aplicación de esta ley.
Contrabandistas y narcotraficantes recurren a estos sectores para la transportación de bienes ilícitos.
El mandatario Morales recordó que el proyecto fue presentado por el Organo Ejecutivo en busca de fortalecer la lucha contra el narcotráfico, contrabando y corrupción, que corrompe a la justicia boliviana, señaló.
Morales agregó que la decisión asumida es una forma de escuchar las observaciones de los distintos sectores sociales, como también hacer partícipe de esta problemática a instancias del Estado como el Tribunal Constitucional.
Los sectores de los gremialistas y los choferes, principales opositores a la propuesta del gobierno, amenazaron con realizar un paro nacional si la Asamblea Legislativa reanudaba el tratamiento del proyecto de ley.
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como parte de sus funciones preventivas, tiene la facultad de analizar proyectos de ley para determinar su constitucionalidad o no antes que sean aprobadas por el Legislativo y promulgadas por el jefe de Estado.
Tras conocer el anuncio del presidente Morales, los choferes y los gremialistas calificaron, por separado, de "sensato y acertado" la suspensión del tratamiento de la ley en la Asamblea Legislativa.
El secretario de conflictos de la Confederación de Choferes de Bolivia, Hugo León, señaló que las medidas de presión planificadas quedarán en suspenso hasta que se conozca la decisión del Tribunal Constitucional.
"Creemos que así tiene que ser porque las cosas ya estaban empeorando, entonces nuestras medidas de presión entran en statu quo automáticamente. Estaremos alerta a cualquier situación porque las autoridades dicen una cosa ahora y después dicen otra", señaló el dirigente.
Por su parte el secretario de Relaciones de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Ernesto Rada, dijo que la medida es alentadora por los vacíos legales que presenta la propuesta de ley.
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