Actualizado a las 2008:01:02.08:40

Especial: Uruguay busca cerrar heridas del régimen militar

Por Gerardo Laborde Berger

Uruguay cerró 2007 con avances en su largo trayecto para cerrar las heridas dejadas por el régimen militar.

El gobierno izquierdista logró la reclusión del ex gobernante de facto Gregorio Alvarez e instituyó el "Día del Nunca Jamás" a la represión en el país.

Alvarez se convirtió en el segundo ex gobernante de facto enviado a prisión después de Juan María Bordaberry a causa de la desaparición de opositores políticos.

Desde su asunción hace más de dos años, el gobierno revisó los excesos de la dictadura (1973 a 1985) y emprendió la búsqueda de restos de opositores desaparecidos.

El presidente izquierdista Tabaré Vázquez respetó la llamada Ley de Caducidad, que exonera a militares implicados en la "guerra sucia" , pero hizo una interpretación que atrajo la actuación judicial.

Para el gobierno, los mandos militares estaban excluidos de una amnistía, ratificada en referendo popular en 1989, lo cual permitía abriles una investigación.

El politólogo Gustavo De Armas opinó que la prisión de Alvarez, de 82 años, "cierra una larga etapa de transición desde el autoritarismo a la democracia, en la medida que se logra el ejercicio pleno del poder judicial".

"Me parece que el hecho de que hayan pasado más de dos décadas confirma de algún modo el rasgo o perfil gradualista de Uruguay en materia de cambios políticos. Los cambios son lentos", explicó De Armas al periódico "La Diaria".

A Alvarez se le tipificó la desaparición de al menos 18 opositores en 1978, cuando era jefe del ejército.

Las víctimas fueron trasladadas en vuelos de Argentina a Uruguay dentro del Plan Cóndor, concertado por los regímenes militares de Sudamérica en los años 70 del siglo pasado para la persecución y captura de opositores políticos en la región.

Para el sociólogo Rafael Bayce la repercusión predominante es de "satisfacción" porque "hay una opinión formada en contra del gobierno de facto".

"El balance popular es favorable porque se hace justicia con gente que cometió excesos" y "hay una mayoría que se pone a favor de esto que está pasando. Ya los militares no tienen el mismo poder que tenían antes", concluyó.

Alvarez, conocido como "Goyo", presidió el país de 1981 a 1984, y desde su procesamiento el 17 de diciembre está en la cárcel especial de Piedras Blancas, en las afueras de Montevideo, junto a una docena de represores militares.

Bordaberry, de 79 años, cumple prisión domiciliaria desde enero de 2007 debido a su delicado estado de salud, después de su procesamiento por la co-autoría del asesinato de 14 opositores.

El ex gobernante accedió a la presidencia a través de las urnas en 1971, pero en 1973 disolvió el congreso con apoyo de las fuerzas armadas y ocupó la presidencia de facto hasta que perdió el apoyo castrense, tres años más tarde.

Otro hito importante de los nuevos bríos en la revisión de la dictadura fue la celebración por primera vez en 2007 del Día del "Nunca Más", el 19 de junio, en un nuevo paso oficial para superar las heridas del gobierno de facto.

Para Tabaré Vázquez esa jornada debe servir en el futuro para "avanzar en la reconciliación y el reencuentro de los uruguayos", y ser una instancia de reflexión para plantearse "nunca más enfrentamientos violentos" en el país.

En 2006, las excavaciones impulsadas por el gobierno en predios militares permitieron hallar e identificar dos esqueletos de opositores, por primera vez desde la restauración democrática en 1985.

El gobierno afronta el desafío de cerrar las heridas de la dictadura, un proceso violento que combatió opositores de izquierda, incluidos guerrilleros.

Ex combatientes del Movimiento Tupamaro, que se alzó en armas antes de la dictadura, hoy son ministros en el gobierno de Vázquez o legisladores, después de haber sido presos políticos durante el gobierno de facto.

Paralelamente, un grupo de organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos, entre las cuales la central única de trabajadores, el Pit-Cnt, impulsa la anulación de la ley de caducidad.

Los promotores de la anulación sostienen que la norma no tiene validez porque incumple convenciones internacionales que obligan al país a castigar los delitos de lesa humanidad.

El gobierno afirma que respetará la ley de caducidad pues fue ratificada por la voluntad popular. (Xinhua)
02/01/2008

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